Respuesta Adecuada

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Por Noticias de Toluca

Publicado: Octubre 20, 2009

Por Sergio Fernández Alva.

 Como era de esperarse, ni un milímetro avanzaron las pláticas entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas, luego de la decisión, postergada varios años en los gobiernos panistas, de hacer desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por sus enormes deficiencias y sangrado a la economía nacional.

Si bien es cierto que la medida tomada por el gobierno de Calderón responde a una atribución del Ejecutivo Federal, quedaron  en la duda de muchos mexicanos si el objetivo  principal sería la privatización del servicio eléctrico que prestaba esta paraestatal, a la luz de distintos señalamientos del gobierno por llegar a esta disyuntiva, expuestos en distintos momentos por el presidente, el último de ellos el pasado 2 de septiembre cuando afirmó que era necesario emprender una nueva generación de reformas en las empresas públicas, con el propósito de “eliminar privilegios, terminar con la opacidad y la corrupción”, aunque esto implicaba, necesariamente reformas a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que en materia de electricidad López Mateos decretó el 23 de diciembre de 1960 que su servicio es competencia exclusiva de la nación, como quedó plasmado en el artículo 27 de la Carta magna.

Este decreto, publicado en el Diario Oficial de la federación el 20 de diciembre de 1960, establece que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”. En esta materia, añade a renglón seguido, “no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.

Muy a pesar de lo que establece el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto, desde el gobierno de Fox se viene violentando la norma vigente mediante la figura de los contratos de servicios múltiples.

Luego de conocerse el decreto de Calderón que finiquita la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por las pérdidas y deficiencias millonarias que venía arrastrando, el dirigente del PAN Cesar Nava se apresuró a calificar la medida de “histórica, oportuna y valiente”.

Buena respuesta dio el dirigente del PRI en el estado de México, Ricardo Aguilar Castillo, al planteamiento navista: El país no está para que el gobierno federal y su partido se cuelguen medallas heroicas, o recurran al auto elogio y a la autocomplacencia calificando la medida de “valiente”. Los gobiernos, añadió, no son valientes; los gobiernos cumplen responsabilidades en el marco de la ley.

La decisión de Calderón vino a darse luego de una intensa campaña contra el SME en los medios, cuando el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón negó la toma de nota de la dirigencia del SME. Aguilar Castillo puso los puntos sobre las íes al advertir que el gobierno federal  es el responsable directo de administrar la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, no los trabajadores  quienes tomaban las decisiones de la empresa, y por tanto “Felipe Calderón debe aclarar quienes fueron los responsables de llevar a la quiebra  a la empresa y no echarle la culpa a los trabajadores”, y resulta insostenible que éstos sean culpables  del caos financiero de la paraestatal.

Las preguntas que se hizo Aguilar Castillo el 16 de octubre pasado siguen sin ser contestadas por el gobierno de Felipe Calderón: “¿Qué estaban haciendo los directores, los responsables del sector?, ¿por qué no dan la cara?, ¿por qué los están encubriendo?, ¿acaso no hay una Ley de Responsabilidades de los servidores públicos?, ¿acaso el daño patrimonial quedará impune?

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